La crisis financiera española del 2008-2015 se inició como parte de la crisis financiera global del 2007-2012 y ha continuado como parte de la crisis de la deuda soberana europeo, que ha afectado principalmente a los estados del sur de Europa e Irlanda. Por eso, especialistas como Grup Dr. Bladé aseguran que las familias están recortando gastos en algo tan básico como las revisiones dentales.
La economía familiar se ha visto muy resentida en las clases medias y bajas, ya que se han visto a renunciar a muchas cosas para poder pagar las facturas, la hipoteca o simplemente llenar (a medias) el carro de la compra. Indudablemente, esto afecta directamente a la calidad de vida y al estado de bienestar.
En España, la crisis se generó por préstamos hipotecarios de largo plazo (por 40 años), la caída del mercado de la construcción que provocó la quiebra de grandes empresas del sector, y un aumento grave del paro que llegaría al 22,9% a diciembre del 2011.
El gobierno español pronosticaba el crecimiento del PIB para el 2008 del 2,3%. Esta cifra se revisó sucesivamente por el Ministerio de Economía a 1,6. La previsión era mejor que los de la mayoría de los países desarrollados. En realidad, este tipo de representación efectiva de estancamiento del PIB por persona, debido al elevado crecimiento demográfico de España. En la actualidad la mayoría de los analistas independientes estiman que la tasa era en realidad alrededor de 0,8% en lugar del 3% de crecimiento anual del PIB durante la década 1997-2007. Después, durante el tercer trimestre del 2008, el PIB nacional se contrajo por primera vez en 15 años. En febrero de 2009, se confirmó que España, junto con otras economías europeas, había entrado en recesión oficialmente y la renta per cápita española bajó por debajo de la media europea por primera vez en 10 años en 2011.
Uno de los problemas más graves, derivado de la crisis inmobiliaria, es el número de desahuciados (unas 178.000 ejecuciones hipotecarias durante el trienio 2007-2009, ante las 47.379 del trienio anterior). Cinco Días estimaba que habrá que añadir otras 180.000 en 2010. El Consejo General del Poder Judicial de España señala que las cifras son engañosas, puesto que una misma petición puede comportar la subasta de varios bienes, de forma que «puede ser todavía más alarmante el incremento detectado». En el primer trimestre de 2011 se llevaron a cabo 15.491 desahucios en España.
El problema, originado en la ley hipotecaria española, es que el propietario desahuciado ve como su vivienda se subasta, se vende y tiene que continuar pagando la hipoteca de la vivienda que no posee. En el 90% de los casos las propias inmobiliarias de los bancos acreedores se presentan a las subastas y acaban adjudicándose las viviendas a precio de saldo. La ley hipotecaria les permite adquirir el inmueble por el 60% del precio de la subasta pública si esta queda desierta, pero continúa teniendo que pagar en el banco la hipoteca pendiente.