El código penal más duro de la democracia

Las continuas reformas que ha experimentado el Código Penal lo ha convertido en el menos democrático hasta el momento, y quienes saben de derecho penal no dudan en afirmar que nos encontramos en un momento en el que la política no se priva a la hora de modificar las leyes con el objetivo de coartar las libertades de los ciudadanos. Hay especial persecución contra el terrorismo y los delincuentes sexuales, pues son dos de las grandes preocupaciones en términos de seguridad para la ciudadanía.

Es cierto que el objetivo del Gobierno es que la gente se sienta más protegida contra las mayores amenazas, pero al mismo tiempo se extiende la idea de que se trata de una libertad vigilada en la que tratan de controlar todos nuestros movimientos, en ocasiones llegando incluso a violar derechos fundamentales.

La libertad intelectual, en entredicho

La Comisión Europea se ha mostrado dispuesta a modernizar el modelo de copyright que regía hasta ahora la UE. Bruselas propuso ayer que los medios puedan exigir que plataformas como Google News o páginas online paguen por compartir contenidos informativos. La histórica demanda de los editores de prensa se ha escuchado en los despachos del ejecutivo comunitario. En la propuesta validan que estas empresas exijan una compensación económica a agregadores de noticias (como Google News) para “proteger los intereses legales” de las personas que crean los contenidos. “Quiero que los periodistas, editores y autores reciban un pago justo por su trabajo”, aseguró sobre esto el presidente de la institución, Jean-Claude Juncker, en el discurso sobre el estado de la UE en la Eurocámara.

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Desde Bruselas admiten que en la era digital, la información de los diarios o revistas ha multiplicado la audiencia, especialmente a través de las redes sociales, por lo cual salen claramente beneficiados los editores. Aún así, consideran que el derecho de licencia no está suficientemente protegido. Por eso, la Comisión Europea ofrece la posibilidad que sean precisamente los medios de comunicación los que negocien con plataformas como Google para proveer los contenidos informativos. De todos modos, no se trata de que los editores impongan una tasa obligatoria, como sucede en el caso español con la ley de propiedad intelectual. Bruselas sólo informa a los editores que tendrán el derecho a exigir dinero a la hora de negociar, pero las empresas podrán optar por hacerlo valer o no. Este fue el caso de Alemania, donde todas las empresas llegaron a un acuerdo colectivo. “Se espera que con estos nuevos derechos la industria de la prensa tengan una posición de negociación más fuerte a la hora de proteger sus inversiones”, defiende el ejecutivo. Aún así, creen que muchos editores sí que querrán utilizar este derecho, ya podrían aumentar hasta un 10% sus ingresos.

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